Visita nuestro diario →

En Arica y Parinacota, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género y el seremi de Justicia y Derechos Humanos destacaron el proyecto de ley “Cautelares Reforzadas”, iniciativa ingresada al Congreso que busca perfeccionar las medidas cautelares aplicables en casos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.
El proyecto, impulsado por la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, propone asegurar la continuidad de la protección cuando una causa transita entre un Tribunal de Familia y la justicia penal, evitando vacíos de coordinación mientras la víctima continúa requiriendo resguardo.
La iniciativa también incorpora una nueva medida cautelar frente al hostigamiento digital, que permitirá prohibir amenazas, hostigamientos u otros atentados contra la víctima, sus hijos o hijas mediante cualquier medio, incluidos los espacios digitales. Además, fortalece la fiscalización de las medidas cautelares y establece mayores consecuencias frente a su incumplimiento y a la destrucción intencional de dispositivos de monitoreo telemático.
La seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Greissy Cofré Mancilla, destacó que “con Cautelares Reforzadas buscamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia. Como ha señalado nuestra ministra Judith Marín, tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia y, cuando una mujer requiere protección, el Estado debe responder oportunamente y con todas las herramientas necesarias, haciéndose cargo también de nuevas formas de violencia como el hostigamiento digital”.
Entre sus otras medidas, el proyecto establece que el incumplimiento de determinadas cautelares deberá ser ponderado al evaluar la procedencia de la prisión preventiva y contempla la posibilidad de designar un juez o jueza preferente en materias de violencia intrafamiliar en determinados tribunales de Garantía. Con ello, la iniciativa busca fortalecer la coordinación, supervisión y respuesta del Estado frente a la violencia contra las mujeres.